Aunque desde todos los sectores anti-K esgrimen que “habrá que ver de qué se trata el proyecto” que envíe el Ejecutivo para resolver qué hacer, algunos marcan diferencia apoyando en principio la existencia de un marco que regule la producción, suministro y distribución del papel.
El apoyo que generó más controversias entre los opositores fue el brindado por el Partido Socialista, que condicionó las declaraciones del resto de los socios del Acuerdo Cívico y Social.
“Indudablemente esto siempre genera sospecha. Pero por lo que yo conozco hasta ahora estos dos hechos me parecen positivos”, dijo el gobernador Hermes Binner en relación con las iniciativas enviadas a la Justicia y al Parlamento. Antes se había manifestado a favor la titular del bloque, Mónica Fein.
Desde el radicalismo fueron menos contemplativos. El diputado Ricardo Gil Lavedra, que juega en la línea interna alfonsinista, sostuvo que “nosotros vamos a hablar una vez que tengamos acceso a la ley, eso sí, lo que tenemos en claro es que vamos a respetar a rajatabla los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se advierte sobre lo cuidadoso que se debe ser en cuanto a las regularizaciones estatales”.
Sin embargo, la diputada cobista Silvana Giudici dijo que no acompañará “ninguna medida que implique dejar a discreción de Kirchner la distribución o la fijación de cupos de papel, porque no es ése el rol del Estado”.
La tormenta que ya se pronostica en el ACyS encontró profundo sustento en los dichos de un correligionario K, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, quien expresó que “es claro que la Unión Cívica Radical, el PJ disidente y PRO se opongan al proyecto de la Presidenta. Ellos no van a permitir ninguna regulación sobre Papel Prensa por la sencilla razón de que trabajan para Clarín y La Nación”.
“Si Raúl Alfonsín viviera, no tengo dudas de que su postura sería más cercana a la que hoy demuestran los socialistas, pero hoy el radicalismo, por ser oposición o por aparecer en Clarín, actúa de manera conservadora, algo que el ex presidente no hubiera permitido jamás porque él no trabajaba para los medios, trabajaba haciendo política para el pueblo”, disparó López.
En tanto, el diputado Pino Solanas sostuvo que “Proyecto Sur va a apoyar la democratización del suministro del papel por encima de las ideologías; la iniciativa de que se regule nos parece bien, siempre y cuando el Congreso pueda tener intervención y en la medida en que estén garantizados los mismos derechos para todos”.
El jefe del bloque de diputados de PRO, Federico Pinedo, en cambio, dio como respuesta una rotunda negativa: “La Presidenta pretende que le deleguemos facultades para que la regulación esté en manos del Poder Ejecutivo y nosotros pensamos que no se puede sujetar a la voluntad del Estado la provisión del papel porque esto sólo coarta la libertad de expresión”.
“Si tenemos que discutir temas sobre libertad de prensa, nosotros vamos por todo: por la publicidad oficial, la utilización de los medios públicos, entre otros temas”, indicó Pinedo. Otra de las voces opositoras fuertes fue la de la Coalición Cívica que comanda Lilita Carrió. “El pueblo debe estar activo con el fin de defender la libertad de prensa”, declaró la diputada.
