La agenda política de estos días incorpora al Proyecto Minero de Famatina, como principal punto de agitación mediática. Los ambientalistas tienen una gran difusión en medios con clara conducta antigubernamental y los errores políticos del gobierno riojano, han contribuido a profundizar el conflicto. Lo que resulta claro es que todo proyecto productivo de impacto económico social y ambiental de envergadura requiere de la obtención de lo que hoy se denomina licencia social. Esta es la acción gubernamental y empresarial que no ha sido debidamente desarrollada, a pesar de que los grupos opositores a la minería como actividad productiva humana, llevan varios años movilizando en contra de este proyecto. Vale aclarar que Famatina no es todavía un proyecto factibilizado con sustentabilidad económica y ambiental probada ya que se encuentra en la etapa de exploración minera, es decir, etapa en la que se toma información de todos los parámetros económicos y tecnológicos para determinar su viabilidad.
Sin embargo y como ocurriera en Esquel, las organizaciones ambientalistas han focalizado ahora allí, su accionar, sin descuidar otros blancos como Andalgalá por el Proyecto Agua Rica.
El conflicto se inscribe en un marco cuya esencia misma es la actividad minera, que hace que los ciudadanos no interiorizados de detalles técnicos, se pregunten si ésta es válida, dado que las huellas históricas que ha dejado al descubierto en grandes excavaciones, contaminación de acuíferos, destrucción de suelos y bosques, entre otros, en muchos casos sin remediar, como parte del inventario de daños que pueden ser atribuibles a la extracción de minerales. Resulta paradójico que la preocupación mundial sobre la sustentabilidad de las operaciones productivas y sus impactos negativos haya nacido a partir del los daños producidos por la agricultura, fundamentalmente por el descontrol y la irresponsabilidad en el uso de agroquímicos.
La minería, especialmente la minería de los yacimientos de baja ley en metales que para su economicidad requieren del movimiento de grandes volúmenes en las explotaciones está hoy demonizada en nuestro país. Varias provincias legislaron irresponsablemente prohibiciones de “explotación a cielo abierto con cianuro” lo que constituye una nueva zoncera argentina a decir de Don Arturo Jauretche. El cianuro es un reactivo muy usado en la industria y la minería solo emplea un porcentual inferior al 30 % de toda la industria mundial. Es tecnológicamente manejable en los procesos de lixiviación de minerales auríferos y tiene la ventaja de autodegradarse en presencia de oxigeno. Solo un manejo irresponsable podría provocar daños no deseados.
Así vamos llegando al fondo de la cuestión. La explotación de minerales a cielo abierto no es un capricho de las empresas ni de gobiernos corruptos. Es que los yacimiento masivos que normalmente se explotan por métodos subterráneos (labores horizontales como túneles, galerías o verticales o subverticales como chimeneas o chiflones) y que por ello son de mayor riesgo laboral, se han ido agotando y la necesidad de insumos minerales para la industria ha sido cubierta, por la ayuda del desarrollo tecnológico que ha hecho posible la explotación de rocas con muy bajos contenidos de minerales metalíferos. Este desarrollo es el que los ambientalistas llaman peyorativamente “mega minería”.
Los grandes emprendimientos mineros son posibles y deseables si se toman las previsiones que la mejor tecnología aconseja para minimizar, atenuar o eliminar los impactos negativos. Hay una primera responsabilidad que está centrada en las corporaciones que operan los proyectos, hoy conocida y definida como responsabilidad social empresaria, cuya conciencia debe atravesar verticalmente a toda la organización. En esto ha habido notables avances en la industria minera. La gran minería puede exhibir hoy, los mejores índices en cuanto a la prevención de accidentes laborales y productivos. Pero esto no basta: sin estado fuerte y con capacidades reales de control, tanto en lo tecnológico, como en materia de decisión política, no hay garantías absolutas. Para las empresas la rentabilidad es un factor determinante y pueden caer en la tentación irresponsable de ahorrar costos “a costa” de cuidado ambiental. Pero nada se gana con posiciones fundamentalistas de un lado o de otro: los argentinos sabemos de los costos del fundamentalismo, cualquiera sea la ideología.
Hay que lograr proyectos sustentables para alcanzar la licencia social y será la sociedad, especialmente la más cercana a la localización del proyecto la que deberá otorgarla. Sustentable significa también que los beneficios económicos, es decir la renta que el proyecto genera se distribuya adecuadamente, para favorecer el desarrollo social.
Para concluir y volviendo a Famatina; ¿deben los riojanos seguir siendo ayudados y darse el lujo de inmovilizar recursos mineros que pueden aportar al desarrollo y a una mejor calidad de vida de sus habitantes?
Héctor A Cevinelli(Ingeniero de Minas Profesor Asociado de la U. N. San Juan) tirandoalmedio.blogspot.com
