Cabe recordar acá que para algunos comentaristas de la realidad el ajuste era inevitable ya en 2007. Y se pospondría hasta el 2008 poselectoral por pura necesidad política, tan enemistada con la racionalidad imperante en la ciencia económica. El "modelo" ya estaba agotado desde entonces.
La realidad volvió a ser esquiva, año tras año, tanto para la inevitabilidad de los ajustes, como para las desgracias que acaecerían en caso de que la "política" quisiera gambetear subversivamente lo dictaminado por las leyes de hierro de la ciencia.
Pero esta vez las cosas son distintas. Cristina le prometió a la UIA terminar con las "distorsiones", y el proyecto de acumulación de capital con desarrollo endógeno ya tuvo su primer choque con el hecho maldito del país burgués realmente existente. Los episodios se repetirán, y sólo la capacidad política del gobierno para administrar la coyuntura pueden evitar que los chispazos importunen de manera considerable. Es la dinámica histórica en su versión más genuina.
Pero los ajustes tienen formas... y formas.
Hasta ahora la cuestión fiscal ha tenido centralidad. Y los datos no son del todo negativos. No todo lo negativos que se había esperado al inicio de diciembre, al menos.
Los recortes de subsidios fueron hasta ahora muy prudentes. Y no está mal que el ahorro se vincule con el factor tiempo. Los anuncios, que sin dudas sobrevendrán, no escaparán a este ritmo cansino y paciente que la respetable mesura le impuso al proceso desde el inicio.
Otro hecho destacable, como pilar de la "sintonía fina", es la postergación hasta después del cierre de paritarias de la modificación del mínimo no imponible de ganancias. Un elemento que, además, en el terreno político es disciplinador de los reclamos exacerbados.
Y hay dos indicios para evaluar también. Primero la revisión incluida en el decreto de ampliación de gastos que pesará sobre los ingresos de los 300.000 empleados del estado nacional que cobran plus salariales en diversas formas.
El otro, el reclamo de Bossio sobre la industria del juicio en materia de seguridad social, con jubilaciones que post-sentencia ascienden a los 100.000 pesos.
Este último punto, sobre todo, recuerda a lo que fue un tópico de la política de seguridad social, que era el achatamiento de la pirámide, mediante la inclusión de nuevos beneficiarios excluidos a costa de la merma en la actualización de haberes de los privilegiados y los intermedios.
Ajuste antipático, como todos, pero al que hasta ahora nadie le puede endilgar falta de voluntad para conjugar gradualidad y selectividad.
"Lujos" gubernamentales (estos sustantivos) sólo posibles cuando los márgenes no asfixian.
